Las primeras elecciones judiciales en la historia de México se han celebrado con una participación de apenas el 13 %, una cifra muy por debajo de las expectativas y de los pronósticos reflejados en encuestas previas. La escasa presencia de votantes en las casillas durante toda la jornada anticipaba un desenlace deslucido para un proceso considerado inédito y altamente complejo.

Más de 2.600 cargos judiciales estaban en juego, pero la ciudadanía se enfrentó a una elección difícil de descifrar: Miles de candidatos desconocidos, más de seis papeletas para llenar y la imposibilidad de votar por partido, como ocurre en otros procesos. Esto generó confusión, desinterés y, en muchos casos, abstención.

A pesar de los números, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un "éxito" y celebró la participación de 13 millones de personas. “Si el Gobierno hubiera querido imponer a los jueces, no habría dejado que el pueblo decidiera”, afirmó en un video difundido la medianoche del domingo 1 de junio. También arremetió contra el viejo poder judicial, al que acusó de proteger al crimen organizado y a los responsables de delitos económicos. “Hoy México es el país más democrático del mundo”, sentenció.

La rapidez con la que se organizó el proceso, la falta de campañas visibles, el número abrumador de aspirantes y la escasa información sobre los candidatos jugaron en contra de la participación. Solo un pequeño número de nombres —en especial para la Suprema Corte— lograron cierto reconocimiento, en particular entre votantes capitalinos.

Además, los partidos de oposición, abiertamente en contra del proceso, promovieron el abstencionismo. Desde Acción Nacional (PAN) advirtieron que la elección carecía de legitimidad y que no debía superarse el 10 % de participación. Sin embargo, a pesar de su retórica, podrían haber aprovechado la baja asistencia para colocar a candidatos afines, algo que no sucedió.

El proceso electoral también ha estado marcado por controversias. Se han señalado irregularidades en la selección de candidatos, algunos con vínculos con el crimen organizado o con antecedentes de corrupción. La criba inicial quedó en manos del Ejecutivo y Legislativo, de mayoría morenista, mientras que el Poder Judicial se desmarcó. La falta de tiempo impidió depurar las listas antes de imprimir las papeletas, lo que podría acarrear impugnaciones.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros es una de las reformas más polémicas impulsadas por el oficialismo. Aunque el voto fue libre y secreto, la experiencia en las urnas fue más cercana a un examen, con ciudadanos sentados durante varios minutos llenando sus papeletas con ayuda de chuletas y listas impresas.

En algunos Estados, la ausencia de competencia —con solo un candidato validado por puesto— convirtió el proceso en un mero trámite. La oposición denunció colusión para imponer nombres sin verdadera contienda.

Los resultados finales se conocerán en el transcurso de esta semana. Mientras tanto, queda la interrogante sobre la capacidad de los nuevos jueces para afrontar los retos del sistema judicial mexicano, plagado de corrupción, impunidad y desconfianza social. La ciudadanía espera justicia, pero muchos dudan de que el voto, por sí solo, sea suficiente para regenerar un poder que lleva décadas en crisis.

Etiquetas