La llamada Ley de Propinas ha dado un paso importante rumbo a su aprobación final. Con el respaldo de la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, la iniciativa ahora está en manos del Senado, lo que sugiere que su implementación podría volverse una realidad en las próximas semanas.
Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene como objetivo central proteger los derechos laborales de quienes trabajan en sectores donde las propinas representan una parte importante —y muchas veces, la única— de sus ingresos. No solo incluye a meseros, sino también a trabajadores de hoteles, gasolineras, centros de entretenimiento, valet parking, entre otros servicios del sector terciario.
La nueva legislación busca establecer una relación laboral formal entre los trabajadores que reciben propinas y los establecimientos para los que laboran. En ese sentido, obliga a que se les garantice un salario base superior al salario mínimo nacional, además de prestaciones como seguridad social, vacaciones, aguinaldo, entre otras.
Uno de los puntos clave de la reforma es que redefine legalmente el concepto de propina. Ahora será considerada como una «gratificación solidaria, estímulo y retribución cooperativa por la calidad del servicio», lo que prohíbe explícitamente que sea utilizada como sustituto del sueldo. De aprobarse en el Senado, la práctica de considerar las propinas como la base del ingreso de los trabajadores quedaría fuera de la ley. Con todo esto se busca beneficiar a más de 1.7 millones de trabajadores en todo el país.
Cabe mencionar que actualmente el salario mínimo nacional se encuentra establecido en $278.80 pesos diarios y $8,364.00 mensuales. Ahora bien, si te encuentra en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el monto diario mínimo para cualquier trabajador es de $419.88, lo que significa $12,596.00 mensuales.
Diversos sectores han celebrado el avance de esta ley como un paso decisivo para dignificar el trabajo en el sector servicios, históricamente precarizado y subvalorado. Activistas laborales, organizaciones civiles y hasta algunos representantes del sector restaurantero han reconocido la importancia de profesionalizar y formalizar estas actividades.
Sin embargo, también ha habido voces que expresan inquietudes. Algunos empresarios advierten que, de no acompañarse con incentivos fiscales o apoyos para microempresarios, la ley podría resultar costosa para pequeños negocios. En respuesta, legisladores promotores de la reforma han asegurado que se considerarán mecanismos de transición para evitar impactos negativos en el sector.
