Una propuesta legislativa en México busca lo que muchas y muchos activistas medioambientales han querido por décadas: tipificar el “ecocidio” como delito.
El ecocidio se define como «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, según el proyecto de reforma que propuso esta tipificación.
¿Qué se ganaría con este cambio?
El hecho de que en México exista el delito de “ecocidio” es un gran avance en materia de preservación de nuestros ecosistemas.
La reforma propone sancionar a las empresas o a los gobiernos responsables de afectaciones graves al medio ambiente con hasta 10 a 15 años de prisión y de mil a mil 500 días multa.
Uno de los casos más emblemáticos de ecocidio -pero que no fueron sancionados como tal porque no está tipificado como delito- fue en el 2014, cuando más de 40 millones de litros de desechos tóxicos de la mina Buenavista de Grupo México fueron desechados en el río Sonora.
Grupo México pertenece a Germán Larrea, uno de los cinco hombres más ricos de México. Los desechos tóxicos vertidos en aquel año afectaron directamente la vida de 22 mil personas, además de contaminar el río.
Más recientemente, otro proyecto sumamente criticado es el del Tren Maya, que según el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, propició un ecocidio.
La reforma aún está pasando por su proceso de aprobación, por lo que todavía no es un hecho que se logre esta tipificación.
