Recientemente, EUA y Canadá interpusieron una solicitud al gobierno de México para llevar a cabo una serie de consultas encaminadas a resolver las controversias en materia energética, derivadas de las políticas que impulsa nuestro país y que, en palabras de representantes de los socios comerciales de México violan los acuerdos establecidos a través del T-MEC. Para comprender estos hechos, es necesario remontarnos a las leyes aprobadas hace un año.
Primeramente, en marzo de 2021, entró en vigor la Ley de la Industria Eléctrica que les otorgaba cierto favoritismo a PEMEX y a la CFE en lo concerniente a las políticas energéticas de México. Algo similar sucedió con la Ley de hidrocarburos que entró en vigor solo un mes después, el 1 de abril también de 2021, y que facilitó la suspensión de permisos de compañías privadas, a fin de fortalecer toda la infraestructura pública de hidrocarburos para centralizar las operaciones de crudo y combustibles en Pemex.
En suma, en octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López presentó una iniciativa dirigida a devolverle el poder a la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que sería el organismo encargado de producir y distribuir el 56% de la energía que genera nuestro país. Así, el sector privado quedaría limitado a una participación del 46%. Si bien la Reforma Eléctrica no tuvo el visto bueno en el Congreso, sí mantuvo el entorno de incertidumbre en el ambiente económico tanto en México como en sus socios comerciales. Además, para muchos especialistas, todo este entramado resultaba sumamente controvertido, porque le daba un giro de 180 grados a la dinámica del mercado eléctrico, en tanto que contrarrestaba todos los cambios hechos hace casi 30 años para permitir la apertura del sector privado.
Una de las mayores críticas de las políticas en materia energética tiene que ver con que constituyen un atentado contra diversos tratados internacionales, en particular el T-MEC. De hecho, Estados Unidos de América y Canadá establecieron candados para que en nuestro país no tuviera lugar una contrarreforma energética; en concreto, existe un artículo que hace referencia al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), un acuerdo que ofrece blindaje explícito para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.
Este fue el trasfondo de la solicitud presentada por EUA y Canadá a nuestro país para iniciar las consultas dirigidas a resolver las controversias en materia energética.
En palabras de Lila Abed, directora adjunta del Instituto México, un organismo cuya función es mejorar las relaciones entre nuestro país y EUA, las políticas energéticas del gobierno federal están en condiciones de violar diversos capítulos del T-MEC, como, por ejemplo, el Capítulo 2 (Trato Nacional y Acceso a Mercados); Capítulo 14 (Inversión); Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado), y Capítulo 24 (Medio Ambiente). En suma, Katherine Tai, representante comercial de EUA, informó que las políticas energéticas de nuestro país ponen en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses.
Así pues, estos son los antecedentes de las solicitudes presentadas por EUA y Canadá. Cabe precisar que esta primera etapa es no contenciosa y ahora viene un periodo de 75 días para resolver todas las controversias. En caso de que no haya una resolución satisfactoria, EUA y Canadá podrían solicitar que se establezca un panel especializado para solucionar el conflicto.
Por otro lado, hay que recordar que el T-MEC no ha estado exento de controversias desde que entró en vigor. Por un lado, EUA inició un procedimiento contra Canadá a causa de la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá, a su vez, se fue en contra de EUA por una medida de salvaguarda relacionada con las células fotovoltaicas, incluso México y Canadá iniciaron un procedimiento en contra de EUA respecto de la interpretación y aplicación de reglas de origen en el sector automotriz.
Finalmente, debemos tener en cuenta que los acuerdos a los que acaso se llegue en el lapso de 75 días para encontrar una solución a las controversias serán vinculantes. En otras palabras, el Estado mexicano estará obligado a modificar sus políticas, incluso si van en contra de los objetivos y las políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
En suma, EUA y Canadá estarían en condiciones de poner en marcha medidas compensatorias, como sanciones y aranceles, ante lo cual México carecería de elementos para echar atrás tales medidas. Al respecto, no debemos perder de vista que Katherine Tai señaló que la política energética mexicana pon en riesgo un monto que alcanza los 10 mil millones de dólares, por lo que las sanciones y aranceles podrían ser equivalentes a estos daños que acusa EUA.
De igual forma, en caso de que el Gobierno Federal decida continuar con la política energética, los tres países podrían acordar sanciones que se dirijan a sectores no estratégicos, es decir, que difícilmente estas sanciones se dirigirían a sectores como el automotriz o algún otro relacionado con la manufactura; sin embargo, podrían imponerse aranceles, por ejemplo, del sector agrícola, algo que, de cualquier manera, resultaría riesgoso, pues resultarían afectadas personas y empresarios que no tuvieron nada que ver con el conflicto.
De acuerdo con especialistas, el objetivo es solucionar la controversia en el lapso de 75 días, pues en caso de que se establezca el panel tribunal, las soluciones a las que se llegarían difícilmente permitirían que México continúe con las actuales políticas energéticas. Por ello, en la opinión de expertos, las soluciones en uno u otro caso serían negativas para las determinaciones que ha impulsado el Gobierno Federal.
