El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido el pasado viernes 27 de junio de 2025 restringe la capacidad de jueces federales para otorgar interdicciones universales, pero no determina la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Pese a que se celebró la decisión como una victoria, 22 estados y el Distrito de Columbia mantienen órdenes judiciales que bloquean temporalmente la implementación de la nueva política.
La política establecida por el gobierno federal restringe la obtención automática de la ciudadanía estadounidense a hijos de ciudadanos y residentes permanentes legales, excluyendo a hijos de personas en situación irregular y de extranjeros bajo visas temporales de trabajo, estudiante o turismo. El ejecutivo argumenta que el texto de la Decimocuarta Enmienda jamás se aplicó universalmente a toda persona nacida en suelo estadounidense, alegando que el alcance de “estar bajo jurisdicción” excluye a estos grupos.
El fallo de la Corte Suprema surge en respuesta a la práctica de jueces federales de dictar interdicciones universales, como ocurrió con las emitidas en Massachusetts, Maryland y Washington, para frenar la aplicación nacional de la orden ejecutiva. La decisión limita el alcance de esas medidas solo a los estados partícipes de los recursos legales específicos, dejando espacio para que en estados sin estas sentencias la orden ejecutiva entre en vigor en un plazo estimado de 30 días, salvo nueva acción judicial.
La orden ejecutiva que limita las personas con derecho a obtener la nacionalidad estadounidense todavía no se implementa en:
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Carolina del Norte
- Oregón
- Rhode Island
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- Distrito de Columbia
En los estados no amparados por estas sentencias, la orden ejecutiva podría activarse en 30 días a partir del fallo, siempre que no prospere alguna nueva medida judicial.
La incertidumbre generada por la próxima entrada en vigor parcial de la orden ha intensificado la inquietud en comunidades migrantes. Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes han advertido sobre una “ola de demandas” judiciales en los tribunales federales, tanto individuales como colectivas, que buscan ampliar la protección y evitar la aplicación de la restricción, según palabras de Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association.
Tras conocerse el fallo de la Corte, se registraron al menos dos intentos de demandas colectivas: una en el caso Casa Inc. v. Trump, ya existente, y otra nueva encabezada por la American Civil Liberties Union (ACLU) en New Hampshire, con el fin de conseguir protección para todas las familias afectadas a nivel nacional, informó Newsweek.
El gobierno federal mantiene la posición de que su decreto es legítimo y no contradice la Decimocuarta Enmienda, mientras que sus detractores, como la ACLU y el Brennan Center for Justice de la NYU Law School, insisten en que el derecho está garantizado para cualquier persona nacida en Estados Unidos, menos contadas excepciones, como hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación.
Los jueces del Supremo destacaron que su fallo no entra en la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, limitándose a restringir las interdicciones universales. La presidenta del tribunal, Amy Coney Barrett, detalló en su opinión mayoritaria que conceder protección total a individuos demandantes no implica necesariamente un amparo universal para todos los posibles afectados.
Efrén C. Olivares, vicepresidente del National Immigration Law Center, recomendó a los padres buscar los registros hospitalarios y certificados de nacimiento lo antes posible. La medida podría incidir en más de 150.000 nacimientos anuales de hijos de inmigrantes en situación regular e irregular.
