Durante la décima tercera sesión ordinaria de la LXVI Legislatura, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó por unanimidad la Reforma Constitucional en Materia Judicial. La iniciativa, presentada el pasado 5 de diciembre por la gobernadora Tere Jimenéz, busca modernizar el Poder Judicial del Estado y garantizar procesos más transparentes y equitativos.
Con 26 votos a favor, la reforma plantea cambios significativos en el sistema judicial del estado. La diputada Arlette Muñoz destacó que los Ayuntamientos deberán pronunciarse para emitir la declaratoria correspondiente, un paso fundamental para que la reforma entre en vigor.
Uno de los puntos más innovadores de la reforma es la elección de magistrados y jueces mediante el voto popular directo y secreto. Esta medida garantiza un proceso democrático y transparente, además de asegurar la paridad de género en los nombramientos.
Los requisitos para acceder a una magistratura o al Tribunal de Disciplina Judicial incluyen:
- Ciudadanía mexicana por nacimiento,
- Título de licenciatura en Derecho o equivalente,
- Promedio general mínimo de 8 puntos en estudios de Derecho,
- Promedio mínimo de 9 puntos en materias relacionadas con el cargo.
La iniciativa también incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, ambos con independencia técnica y de gestión. Estas entidades fortalecerán el funcionamiento del Poder Judicial en Aguascalientes.
La aprobación de la reforma judicial responde al mandato de adecuar la Constitución local de Aguascalientes conforme a las recientes modificaciones federales, específicamente en el artículo 116, fracción tercera. Este cambio asegura que el sistema judicial del estado esté alineado con los estándares nacionales.
La presidenta de la mesa directiva, Nancy Gutiérrez, resaltó la importancia de la reforma para garantizar una justicia más accesible y confiable. Por su parte, la diputada Arlette Muñoz subrayó que la armonización constitucional permitirá un proceso electoral sin inconvenientes para las nuevas magistraturas y cargos judiciales.
La reforma contempla la renovación total del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y de los cargos judiciales de primera instancia para el año 2025. Este proceso marca un cambio estructural en la forma en que se eligen los titulares de los órganos judiciales.
Con la aprobación de esta reforma, el Congreso Local deberá emitir una convocatoria para iniciar el proceso de elección de los nuevos juzgados. El comité de evaluación analizará minuciosamente los perfiles de los candidatos, garantizando la idoneidad de los aspirantes y la paridad de género.
