En los últimos días, comenzó a bajar el precio de los combustibles. En Texas, por ejemplo, ya se registran precios más bajos que en nuestro país. Este fenómeno se debe al temor a una recesión: la disminución en la actividad económica a nivel global implica una menor necesidad de combustibles. De hecho, a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las afectaciones en las cadenas de suministros, la demanda es más baja respecto del año pasado y la que se registraba a principios de este año, incluso el precio del crudo va a la baja.
Estos fenómenos nos conducen a la siguiente pregunta: ¿cómo se manifiesta este escenario en México? En 2021, se fijó un precio para el barril de crudo en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación; en caso de que los precios se elevaran más allá de lo contemplado en este Presupuesto, las ganancias adicionales se dirigían a una reserva, antes de distribuirse a los estados, pero también se destinaban al propio mantenimiento de Pemex y además se mantenía una parte para equilibrar la balanza en caso de que bajaran los precios del crudo más allá de lo estipulado en el Presupuesto.
El problema es que en este momento coincidieron diversos factores que complejizaron el contexto en el que nos encontramos. En primera instancia, se utilizaron los combustibles para controlar el impacto inflacionario. En este sentido, recordemos que prácticamente todas las mercancías en nuestro país se mueven vía terrestre, de ahí que el aumento en los combustibles impacte de manera en los costos de los productos y básicos que compra y necesita la población. Lo anterior provocó que se activaran subsidios, a fin de evitar precisamente que estos costos se incrementaran.
A principios de año, los precios del crudo estaban por encima de lo estipulado en el Presupuesto, lo que supuso mayores ingresos; no obstante, el escenario contrario implica que el Gobierno ingrese menos recursos, en consecuencia, se vuelve necesario aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes. Con la aplicación del IEPS las finanzas públicas se logran mantener más o menos estables, sin perder de vista la premisa de que el gasto no puede ser mayor respecto de los ingresos, de lo contrario, el Gobierno tendría que endeudarse, una política que en este momento el Gobierno Federal no está dispuesto a asumir.
Lamentablemente, la principal afectación de las políticas subsidiarias generalizadas —como la que actualmente está vigente para los combustibles— es que no necesariamente benefician a quienes menos tienen. Para ponerlo en contexto, conviene plantear el siguiente ejemplo: las personas que menos tienen se trasladan en transporte público, pero estas personas continúan gastando lo mismo, mientras las tarifas de transporte público no aumenten; por otro lado, quien tiene un vehículo de 8 cilindros, con un tanque de 60 litros, es quien más se ve beneficiado con una política de subsidios.
¿De qué manera tendría que aplicarse esta estrategia? Más que un subsidio generalizado, los especialistas en temas de economía y políticas públicas consideran que los subsidios focalizados constituyen una mejor respuesta y una mejor ayuda para quien menos tiene. En el caso de los combustibles, lo ideal sería mantener la gasolina al libre mercado, de tal modo que si sube, quien tenga automóvil diseñe acciones particulares para mitigar el alza en los combustibles, como viajar con amigos o sumar a otras personas a sus trayectos. De este modo se deja el camino libre para que el subsidio verdaderamente se le otorgue a quien viaja en transporte público, que es quien más lo requiere, a fin de no mermar sus finanzas personales y las de su familia. En suma, los subsidios comprenden estrategias apropiadas y pertinentes, toda vez que se dirijan a quien verdaderamente los necesita, tengan una temporalidad definida y un monto específico a aplicar.
Uno de los escenarios complejos del actual subsidio a los combustibles en México precisamente tiene que ver con los montos que exigen estas políticas. Al principio, se estimó que eran necesarios 160 mil millones de pesos, a estas cifras hay que contemplar que todavía existe un porcentaje de subsidio en la gasolina de bajo octanaje, lo que significa cerca de 500 mil millones de pesos de subsidio. Normalmente estos ingresos provenían de los excedentes del crudo, pero ante la baja en el precio del crudo, no será posible extraerlos de ahí; por otro lado, la actual administración federal tampoco reducirá los programas sociales. Lo anterior conducirá a un déficit, pues algunos de los megaproyectos —como Dos Bocas o el Tren Maya— han resultado más costosos de lo que se presupuestó en un primer momento, lo que también merma las finanzas públicas.
Finalmente, el Gobierno necesitará recursos para mantener los subsidios a los combustibles y la única manera de lograrlo será a través de la carga impuestaria, dado que no habrá excedentes en el precio del crudo ni recortes a los programas sociales. Los efectos se harán más evidentes durante el próximo mes de septiembre, cuando se analice el presupuesto en el marco de la Ley de Ingresos y presupuestos para el 2023.
