Claudia Sheinbaum, presidenta de México, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que oficializa las reformas a la Ley General de Población que transforman la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento nacional de identificación obligatorio, ahora con datos biométricos, incluyendo fotografía y huellas dactilares.

El Gobierno Federal argumenta que esta medida es crucial para hacer frente a la crisis de personas desaparecidas en el país y fortalecer la seguridad ciudadana. No obstante, especialistas advierten que podría poner en riesgo la privacidad y la protección de datos sensibles de los ciudadanos.

La ley establece que la CURP biométrica será el documento nacional de identificación obligatorio, con aceptación universal en todo el territorio mexicano, y estará disponible tanto en formato físico como digital. Se precisa que la Secretaría de Gobernación (Segob) será responsable de integrar los datos biométricos, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se encargará de gestionar la versión digital del documento.

La ley estipula que todos los mexicanos y los extranjeros con estancia regular en el país deberán tramitarla. El artículo 91 de la reforma establece conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres —que contiene nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, lugar de origen y nacionalidad—, y se añadirá una fotografía del titular junto con sus huellas dactilares.

Será válida para realizar trámites tanto en el ámbito público como en el privado a nivel nacional. Además deberá usarse para validar y autenticar la identidad de las personas en medios digitales. Las instituciones contarán con un plazo de 90 días para adoptar las medidas correspondientes. 

De acuerdo con el texto, el incumplimiento de la obligación de tramitar o aceptar la CURP biométrica, serán sancionados con multas. No obstante, antes de aplicar la sanción, deberá emitirse un apercibimiento formal ante reiteradas omisiones, es decir, se advertirá previamente a los infractores.

La recolección de datos podrá realizarse de dos formas: utilizando registros biométricos ya existentes —con autorización del ciudadano— o a través de centros de registro habilitados por el Registro Nacional de Población (RENAPO). En el caso de menores de edad, se creará un programa especial para su integración obligatoria al sistema.

Asimismo, se conectará con el Registro del Sistema Nacional de Salud, trámites escolares, programas sociales, servicios bancarios y procesos migratorios. También se usará para validar la identidad de forma digital mediante la Plataforma Única de Identidad, que centralizará los datos y habilitará el Servicio Nacional de Identificación Personal, lo que facilitará procesos de autenticación en distintas áreas de gobierno y servicios.

Por otro lado, el gobierno ha aclarado que el nuevo documento no sustituirá al padrón electoral ni a la lista nominal, los cuales seguirán bajo control exclusivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Sheinbaum aseguró que cualquier colaboración con el INE será opcional, y que no se utilizarán sus bases de datos para alimentar la nueva CURP.

Pese a las garantías oficiales, diversos especialistas han manifestado su preocupación por el alcance de estas reformas. Entre ellos, el politólogo Gabriel Espinoza, quien advirtió que “la incorporación de datos biométricos amplía el acceso del gobierno a información personal y aumenta la probabilidad de robo de identidad”, además de otorgar a la Segob atribuciones que podrían afectar la autonomía del INE y los procesos electorales.

La inquietud crece al considerar otras reformas recientes que también implican un mayor uso de datos biométricos. Destaca la nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, que permite a la Secretaría de Seguridad acceder a registros públicos y privados, incluidos datos bancarios, de salud, telefonía y más.

A esto se suma la creación de Llave MX, una herramienta digital ligada a la CURP que centralizará la identidad de los ciudadanos para realizar trámites en línea. Para expertos en derechos digitales, estas iniciativas podrían representar un paso hacia la hipervigilancia estatal si no se establecen mecanismos efectivos de transparencia, control y protección de datos personales.

En conjunto, estas reformas representan un cambio significativo en la manera en que el Estado mexicano administra la identidad ciudadana, pero también abren un debate urgente sobre los límites del uso de la tecnología para fines de seguridad, frente al derecho a la privacidad y la protección de datos personales.

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