La reciente aprobación de reformas a la Ley General de Salud para prohibir la producción, distribución y venta de vapeadores en México desató una discusión que va mucho más allá del tema de salud pública. Activistas, colectivos y usuarios aseguran que esta decisión podría tener un impacto inesperado: entregar el mercado completo del vapeo a las bandas criminales. Aunque los consumidores quedaron fuera de la prohibición durante la revisión en lo particular, la cadena formal de venta desaparece por completo, y con ello se abre la puerta a un mercado negro que ya venía creciendo desde años atrás. La reforma ahora pasará al Senado, donde se espera que avance sin complicaciones.

Un mercado enorme que no desaparece: solo cambia de manos

De acuerdo con el colectivo México y el Mundo Vapeando, en México existen cerca de 2.8 millones de usuarios de vapeadores, y más de 2.3 millones dependen de dispositivos desechables que duran apenas una semana. En términos prácticos, esto representa alrededor de 5.2 millones de aparatos adquiridos cada mes. Y aunque la intención de la prohibición es frenar su consumo, activistas advierten que lo único que logrará es que todo ese volumen se mueva por vías clandestinas, operadas por grupos criminales especializados en contrabando. Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo, criticó que la decisión se tomara ignorando evidencia internacional que posiciona a los vapeadores como una alternativa hasta 95% menos dañina que el tabaco tradicional, como sucede en Reino Unido o Francia. Para él, esta reforma “formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales” y cristaliza una política prohibicionista que inició desde 2020.

Cirión pidió al Senado desechar la iniciativa y trabajar en una regulación que establezca reglas claras para importación, venta y distribución, pues considera que un marco legal ayudaría a prevenir riesgos como el consumo entre menores, la evasión fiscal y la expansión del mercado ilegal. Además, advierte que la falta de regulación podría generar tensiones con Estados Unidos e incluso afectar los esfuerzos nacionales contra el tabaquismo.

Los vapeadores como riesgo para la salud

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida asegurando que los vapeadores “hacen muchísimo daño” debido a la gran cantidad de sustancias y materiales que contienen. Celebró que la prohibición constitucional ahora esté alineada con la Ley General de Salud y resaltó que se incorporaron sanciones para quienes vendan estos dispositivos, que pueden ir de uno a ocho años de cárcel y multas superiores a los 226 mil pesos. Para el Gobierno, limitar completamente la cadena comercial es una estrategia necesaria para proteger a la población y evitar la normalización del vapeo entre jóvenes.

Entre argumentos científicos, advertencias de seguridad y preocupaciones sobre el crimen organizado, el camino del vapeo en México sigue envuelto en humo. Lo único claro es que, mientras la prohibición avanza, el debate se intensifica y los efectos reales de esta decisión apenas comienzan a discutirse.

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