Con la misma intención que Colombia y Chile, en México también se está buscando la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana.
Esta es una tendencia que se está ampliando en Latinoamérica y el mundo, con la cual se busca privilegiar el descanso de las personas para que puedan tener un mejor desarrollo y para que, también, puedan ser más productivas.
Si bien en otros países ya se logró esa lucha legislativa, en México aún no. En este país la jornada sigue siendo de 48 horas semanales y lleva poco más de 100 años así, sin cambio alguno.
Actualmente existe una reforma para reducir la jornada laboral que volvió a estar en el ojo de la discusión pública con el arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
La reforma aún no se aprueba ni se desecha, pero las y los legisladores decidieron llevar a cabo un Parlamento Abierto para discutirla a fondo.
¿Un parlaqué?
Los parlamentos abiertos son espacios donde diferentes sectores de la sociedad pueden presentar un análisis del impacto esperado de una reforma en particular, en este caso, la de la reducción de la jornada.
Se trata de un diálogo, por ejemplo, con la cúpula económica y el sector empresarial, quienes podrán también dar su opinión respecto a la reforma. Y esto se hace antes de que el dictamen se agende finalmente para su discusión en el pleno de la Cámara Baja.
Las sesiones de Parlamento Abierto se llevarán a cabo el 16 y 23 de octubre, y el 6 y 13 de noviembre. Las conclusiones se presentarán el 21 de noviembre.
De ahí se procederá con la elaboración del dictamen para su discusión y aprobación en el pleno del Congreso de la Unión.
Al respecto del proceso legislativo para la aprobación de la reforma, el diputado Ignacio Mier destacó: “No queremos que haya ningún pretexto para que sea realmente garantizado ese derecho que está considerado por la Organización Internacional del Trabajo, un derecho de los trabajadores y que la propia Constitución establece: el derecho al descanso”.
¿Qué necesita para ser aprobada?
Al ser una reforma constitucional -es decir, que hace cambios en la Constitución Mexicana-, el proyecto necesita como mínimo el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.
Como actualmente ningún partido político tiene tantos diputados, se necesita el apoyo de diversos partidos políticos para poder lograr la reforma. Lo mismo aplica para su discusión posterior en el Senado de la República.
Después de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado hayan aprobado la reforma, el proyecto pasaría a revisión en los congresos estatales, donde se requiere el respaldo de 17 ellos para concluir el proceso legislativo y que la reforma se haga ley.
Es decir, también se necesita el respaldo de más de la mitad de los Congresos estatales.
Se prometió que todo este proceso debe discutirse antes del 15 de diciembre.
