Por Theresa Iglauer y Óscar A. González Viscencio
La pandemia por covid-19 ha provocado una serie de cambios en el pensamiento económico de gobiernos y empresas. Por ejemplo, se han retomado las discusiones alrededor de si las políticas económicas que adoptan los países son adecuadas o no, debido a hechos como que nos enfrentamos a la contracción económica más importante desde 1930, o bien, a causa de que el 42% de los trabajos en América latina habrían sido afectados por las medidas de distanciamiento social sugeridas a razón de la crisis sanitaria, de acuerdo con un informe de la Comisión y la Organización Internacional del Trabajo presentado en mayo. Como parte de los planteamientos, reaparecen propuestas, como la renta básica universal (UBI, por sus siglas en inglés).
El UBI, también conocido como Ingreso Ciudadano, es básicamente una subvención mensual en efectivo que se entrega a todos los miembros de una sociedad, sin condiciones de méritos o de necesidad, y, al menos en la mayoría de las propuestas esbozadas hasta hoy, en una proporción lo suficientemente generosa para permitir una vida libre de inseguridad económica. En pocas palabras, es asegurar que cada persona tenga la certeza de contar con los recursos necesarios para desarrollar una vida digna –con acceso a una vivienda, correcta alimentación y servicios de salud y educación de calidad– independientemente de su actividad económica.
Bajo este modelo de impuesto negativo, la renta básica universal beneficia con un monto idéntico a cada miembro de la sociedad, sin distinguir entre personas desempleadas o millonarios; sin embargo, los impactos del UBI en la economía se desarrollan desde los efectos que tiene en la población más vulnerable, con base en la siguiente lógica: hogares con presupuestos más limitados tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos en comparación con los más adinerados; por lo tanto, quienes integran estos últimos núcleos familiares tienen la posibilidad de ahorrar una parte de sus ingresos y, con ello, acceder a mejores condiciones de vida en distintos rubros, además de la dimensión monetaria.
Es importante resaltar que un aumento en los ingresos de los menos acomodados refuerza directamente la demanda interna. Con ello, se fortalecería la economía mexicana y se promovería un escenario de mayor competitividad. Según John Maynard Keynes —uno de los economistas más importantes post-crac del 29—, una política económica anticíclica favorece la demanda nacional en tiempos de recesión. Por lo tanto, el UBI se puede ver como un programa económico frente a la pandemia y no solo como una medida social.
Los efectos de la renta básica universal se basan sobre todo en el aumento del ingreso de quienes tienen menos, entonces conviene preguntarnos: ¿por qué dar UBI a todos y no solamente a los pobres o a quienes necesitan este tipo de apoyo? Es importante notar que —dependiendo del concepto implementado— personas con ingresos muy altos probablemente no verían beneficios, ya que sus obligaciones tributarias consumirían esta aportación.
A simple vista, la gran ventaja de que la población cuente con un UBI radica en que abre la posibilidad de que erradique la movilidad social negativa; sin embargo, la justificación más importante para implementar un UBI se refiere a la competitividad que fomentaría, es decir, un sistema de bienestar social que incluye el UBI es menos complejo que un sistema de valoración de necesidades, en virtud de que requiere menos burocracia y ofrece menos posibilidades de corrupción. Además, hay que considerar que, en épocas de poca estabilidad económica, el estado del empleo tiende a cambiar frecuentemente; en consecuencia, en un sistema con evaluación de necesidades, este contexto promovería el trabajo informal, una dinámica que debilita las actividades económicas y la recaudación de impuestos.
Por otro lado, quienes se oponen a la renta básica universal esgrimen sus argumentos con base en la suposición de que la gente dejaría de trabajar si obtuviese lo suficiente para sobrevivir sin verse en la necesidad de realizar labores. De momento, este es un debate teórico que se fundamenta en la concepción tradicional de las ciencias económicas sobre el ser humano: una persona actúa principalmente por incentivos. En contraparte, tenemos la visión de un humano que posee diversas fuentes de acción, como el deseo de participación social, que se concibe como una motivación intrínseca y que se constata en las actividades de voluntariado.
Hasta ahora, no tenemos evidencia concluyente que valide uno u otro punto de vista; no obstante, ya existen estudios que analizan los efectos del UBI en el comportamiento de las personas que lo reciben. Por ejemplo, los resultados preliminares del ensayo del Ministerio de Asuntos Sociales en Finlandia muestran que no hay un efecto, ni positivo ni negativo, en la capacidad de encontrar trabajo; sin embargo, este estudio solamente incluyó a personas sin actividad laboral, por lo que no resulta representativo para toda una sociedad.
Por otra parte, este año inició el proyecto interdisciplinario “Pilotprojekt Grundeinkommen”, a cargo del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), el Max Planck Institute for Research on Collective Goods y la Universidad de Colonia. Este proyecto constituiría un elemento para esclarecer los puntos más controvertidos sobre la renta básica universal, pero hasta que no se publiquen los primeros resultados, tendremos que considerar como primer recurso los resultados del análisis de Finlandia, que revelan que el UBI promueve el bienestar, la salud y la capacidad de enfocarse. Un aspecto del ingreso ciudadano que promueve estos efectos es la seguridad que supone contar con un ingreso confiable.
En contraste con el sistema tradicional de bienestar social, un modelo con ingreso ciudadano ofrece seguridad económica para todos los miembros de la sociedad. De acuerdo con estudios sobre la pobreza, como “Poverty impedes cognitive function” (Mani, Mullainathan, Shafir & Zhao, 2013) u “On the psychology of poverty” (Haushofer & Fehr, 2014), la limitación económica tiende a reducir la capacidad para tomar decisiones acertadas y aumenta la probabilidad de que las personas se inclinen hacia las decisiones miopes y a manifestar un comportamiento reacio al riesgo. Por el contrario, la seguridad económica garantizada por la renta básica universal promovería la creatividad y motivaría la toma de riesgos, elementos esenciales para la creación empresarial. Asimismo, el UBI tiene un gran potencial para disminuir los niveles de criminalidad, debido a que mitiga en una importante medida las condiciones de precariedad que, en muchas ocasiones, orillan a los individuos a optar por oportunidades dudosas de ingreso, a fin de alcanzar un mínimo grado de bienestar.
Estimado lector, antes de que elabores un juicio sobre esta propuesta de política pública y le asignes un color o una ideología, es importante que conozcas lo siguiente: desde 2018, la discusión sobre la renta básica universal se ha planteado en tres ocasiones entre las esferas políticas y legislativas. La primera, como una de las propuestas clave de bienestar social de Ricardo Anaya en su carrera por la presidencia en el año mencionado; la segunda, en el mes de abril del presente 2020, por parte de Damián Zepeda Vidales, senador del Partido Acción Nacional, quien proponía su inclusión en una reforma constitucional a bien de hacer frente a la pandemia; la tercera —y última, por ahora—, por parte de Ricardo Monreal, coordinador del senado de MORENA, quien mencionó que no apoya la propuesta, pero está abierto a la consulta ciudadana al respecto.
Con base en lo que hemos planteado hasta el momento, podemos concluir que el UBI es, indudablemente y más allá de inclinaciones políticas e ideológicas, un instrumento que podría jugar un rol fundamental para acercarnos de manera sustancial en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Muestra de ello es que, en una cumbre realizada en mayo del presente año, Kanni Wignaraja, actual directora del PNUD, sugirió la aplicación de una renta básica temporal para sujetos que se ven en situaciones vulnerables como resultado de los efectos de la pandemia por la covid-19. Lo anterior constituye un ejemplo del arribo innegable de la renta básica universal al centro de las discusiones a propósito de las adecuaciones políticas y monetarias que las naciones deberán realizar para afrontar la actual crisis económica y social. Es, también, un paso hacia la satisfacción de necesidades básicas, sin condiciones de rendimiento o mérito, que hace mucho tiempo debió tener lugar.
Fuentes de consulta
Haushofer, J., Fehr, E. (2014). “On the psychology of poverty”. Science. 23. Vol. 344. Issue 6186. págs. 862-867
Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M., Ylikännö, M. (2019). The basic income experiment 2017–2018 in Finland: Preliminary results. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.
Mani, A., Mullainathan, S, Shafir, E., Zhao, J. (2013). “Poverty impedes cognitive function”. Science. 30. Vol. 341. Issue 6149. págs. 976-980.
Pilotprojekt Grundeinkommen. (s.f.). [Consultado en: https://www.pilotprojekt-grundeinkommen.de/]
UN News. (2020, mayo 6). “Senior UN official calls for universal basic income to tackle growing inequality”. [Recuperado de: https://news.un.org/en/story/2020/05/1063312]
