La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, ha convocado a una nueva consulta al Pleno de ministros para analizar la procedencia de una controversia presentada por magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Este grupo busca suspender la aplicación de la reciente reforma judicial, argumentando que existen vicios tanto en el proceso legislativo como en el contenido de la misma.
El asunto ha sido clasificado como urgente, lo que resalta la importancia y la inmediatez del tema. La controversia ha sido turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será responsable de elaborar un proyecto que se someterá al Pleno de la SCJN en las próximas sesiones.
El acuerdo publicado indica que se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia conforme al artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este artículo establece la posibilidad de impugnar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abordando tanto el cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo como la revisión de su contenido material.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, quien ha estado involucrado en la presentación de esta controversia, destacó que la solicitud incluye una petición de suspensión de la reforma judicial. Según Muñoz Alvarado, este cambio legislativo «desmantela un Poder constituido», lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una verificación exhaustiva por parte de la SCJN.
La reforma judicial, impulsada por el Ejecutivo, ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico y político del país. Los magistrados y jueces que han presentado la controversia sostienen que la forma en que se aprobó la reforma no cumplió con las debidas formalidades legislativas, lo que podría invalidar su implementación.
A medida que la SCJN avanza en la evaluación de este caso, la atención se centra en cómo se decidirá la controversia y cuáles serán las implicaciones para el Poder Judicial de la Federación. Este proceso no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que también tiene el potencial de influir en el funcionamiento del sistema judicial en México en su conjunto.
La comunidad jurídica y la sociedad civil están a la espera de la resolución de la Corte, que podría sentar un precedente importante en la interpretación y aplicación de las reformas judiciales en el país.
