El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado miércoles 9 de abril que comenzará a revisar la actividad en redes sociales de migrantes y solicitantes de visado, buscando lo que considera «contenido antisemita». La decisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos y miembros de la comunidad judía, quienes alertan sobre los riesgos para la libertad de expresión y la creciente vigilancia sobre voces críticas.
La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, se enmarca en una serie de acciones recientes que endurecen el control migratorio y refuerzan la postura del gobierno frente a las crecientes protestas propalestinas que se han multiplicado desde el inicio del conflicto en Gaza, en octubre de 2023.
“Hoy los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzarán a considerar la actividad antisemita de los extranjeros en las redes sociales y el acoso físico a personas judías como motivos para denegar las solicitudes de beneficios de inmigración”, anunció la agencia en un comunicado oficial.
Aunque no se ha precisado cómo se definirá el concepto de “actividad antisemita” en redes sociales, abogados de migración y organizaciones civiles advierten que el nuevo criterio podría aplicarse de forma arbitraria a opiniones políticas legítimas, incluyendo aquellas críticas al gobierno de Israel o de apoyo a la causa palestina. También señalan que esta medida podría violar principios constitucionales de libertad de expresión y generar un efecto de autocensura entre solicitantes de visa o residencia.
El anuncio ha generado reacciones inmediatas por parte de organizaciones de derechos humanos, activistas pro derechos civiles y miembros del judaísmo progresista en Estados Unidos, que han condenado el uso del antisemitismo como justificación para restringir libertades fundamentales y controlar narrativas políticas.
“La lucha contra el antisemitismo no debe ser utilizada como excusa para criminalizar la disidencia o la solidaridad con el pueblo palestino”, señaló Jewish Voice for Peace, una organización judía-estadounidense que promueve los derechos humanos en Medio Oriente. “Esta política puede tener un impacto devastador sobre migrantes, estudiantes y solicitantes de asilo que simplemente ejercen su derecho a expresarse”.
La vigilancia de redes sociales no es la única señal de endurecimiento. Apenas un mes antes, la administración Trump anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas en Colombia, como represalia a la negativa del gobierno colombiano de permitir el ingreso de dos vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos.
“El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
Esta decisión pone en pausa la expedición de visas de no inmigrante (turismo, negocios, estudios, etc.) para ciudadanos colombianos, en un contexto de creciente tensión entre ambos gobiernos por la gestión de la migración regional. Analistas advierten que esta acción podría afectar a miles de personas que tenían previsto viajar a EE. UU. y deteriorar aún más las relaciones bilaterales.
La revisión de redes sociales por motivos ideológicos y la aplicación de sanciones consulares a países que no colaboran con las políticas migratorias estadounidenses marcan una nueva fase en la política exterior y de seguridad nacional del gobierno de Trump. Diversas organizaciones han señalado que este enfoque combina mecanismos de control migratorio con una ofensiva cultural e ideológica, lo que podría erosionar principios democráticos básicos.
«Estamos ante una expansión del poder estatal para vigilar y castigar ideas, no delitos», advirtió la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Esto no solo amenaza a los migrantes, sino al sistema legal en su conjunto”.
En un año electoral y con una retórica cada vez más nacionalista, las implicaciones de estas medidas podrían extenderse más allá del ámbito migratorio, afectando el acceso a la educación, el empleo y la seguridad jurídica de miles de personas que viven, estudian o trabajan en Estados Unidos bajo un estatus temporal.
Hasta el momento, ni USCIS ni el Departamento de Estado han detallado qué criterios específicos se usarán para identificar contenido “antisemita” en redes, ni han respondido a las solicitudes de entrevistas de medios internacionales.
