La capital yucateca atraviesa un proceso acelerado de expansión urbana que ha transformado radicalmente su territorio, estructura social y dinámica ambiental. Desde los años 80, la ciudad ha vivido una intensa metropolización impulsada por desarrollos inmobiliarios, expansión de infraestructura y una creciente concentración poblacional.

Este crecimiento ha tenido consecuencias directas sobre el medio ambiente. Mérida ha pasado de ocupar apenas 7 kilómetros cuadrados a principios del siglo XXI a más de 800 kilómetros cuadrados en la actualidad, un incremento de casi 100 veces. Esta expansión ha implicado la ocupación de terrenos agrícolas, ejidales y selváticos, alterando ecosistemas y reduciendo la capacidad de la región para mitigar los efectos del cambio climático.

Aunque las ciudades representan menos del 2 % de la superficie terrestre del planeta, generan alrededor del 70 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Mérida, donde se concentra el 43 % de la población estatal, no ha sido la excepción a esta tendencia.

El crecimiento horizontal de la ciudad ha incrementado de forma considerable las superficies impermeables —pavimento, construcciones y centros comerciales— lo cual impide la infiltración natural del agua al subsuelo, eleva las temperaturas urbanas y reduce la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.

Investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) advierten sobre los impactos del actual modelo de expansión urbana. Señalan que entre 1960 y 2020 la temperatura promedio en Mérida ha aumentado en 1.8 grados centígrados, lo que evidencia los efectos del calentamiento global a escala local.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en la urgencia de adoptar un nuevo modelo urbano: ciudades más compactas, con énfasis en la movilidad no motorizada, la recuperación de áreas verdes y el uso eficiente de la energía.

Sin embargo, lograr esta transformación requiere algo más que soluciones técnicas. Se necesita voluntad política, coordinación interinstitucional y la participación activa de la sociedad para reconfigurar la ciudad hacia un modelo sostenible y resiliente frente al cambio climático.

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