Texas ha propuesto una nueva ley que podría cambiar cómo se etiquetan los alimentos procesados en EE. UU. El Proyecto de Ley SB 25 plantea que, a partir de 2027, productos que contengan aditivos prohibidos en países como Canadá, Australia, Reino Unido o la Unión Europea —como colorantes artificiales o harinas blanqueadas— lleven una advertencia visible que diga: “Este producto contiene un ingrediente que no está recomendado para el consumo humano por autoridades extranjeras.” Entre los productos señalados están M&M’s, Skittles, Doritos y Mountain Dew.

Este nivel de transparencia busca alinear el mercado texano con las regulaciones de otros países donde ciertos ingredientes ya han sido eliminados del suministro alimentario por sus posibles riesgos a largo plazo. El enfoque no busca prohibir directamente estos alimentos, sino advertir al consumidor con base en criterios internacionales, ampliando el alcance del derecho a saber.

Desde la perspectiva de salud pública, el etiquetado obligatorio representa una forma preventiva de proteger a los consumidores. Aunque los productos pueden ser legales bajo la normativa de la FDA, el hecho de que sean clasificados como productos no aptos para el consumo humano en otros países plantea una alerta ética y científica que el proyecto busca visibilizar.

La propuesta ha generado fuerte oposición por parte de grandes empresas como PepsiCo, Coca-Cola y Walmart, que argumentan que sus productos cumplen con la normativa de la FDA. Sin embargo, defensores de la iniciativa, como Robert F. Kennedy Jr., aseguran que se trata de una medida preventiva basada en estándares científicos internacionales.

El vicepresidente senior de la Asociación de Marcas de Consumo, John Hewitt, también se pronunció, argumentando que los ingredientes en cuestión han pasado por rigurosas evaluaciones de riesgo en Estados Unidos. A su juicio, la medida generaría confusión, aumentaría los costos legales y dañaría injustamente la reputación de productos consolidados en el mercado. 

Más allá de la batalla legal o de imagen, el Proyecto de Ley SB 25 obliga a las empresas a repensar su modelo de producción y distribución. Reformular productos para eliminar ingredientes objetados por otras jurisdicciones puede convertirse en una ventaja competitiva. De hecho, muchas marcas ya han adoptado versiones “libres de aditivos” de sus productos en Europa o Canadá, mientras mantienen versiones con ingredientes diferentes en EE. UU.

Esta doble fórmula ha sido cada vez más cuestionada. ¿Por qué ofrecer un producto más limpio en Europa y uno más aditivado en EE. UU.? Esa pregunta ha generado presión social y mediática sobre las empresas, especialmente aquellas que se comprometen públicamente con políticas de responsabilidad social empresarial. Desde esta perspectiva, identificar sus alimentos como productos no aptos para el consumo humano en otros países y no actuar en consecuencia en Estados Unidos contradice sus propios principios éticos.

Para quienes trabajan en responsabilidad social, esta discusión no es meramente técnica: es estructural. Reconocer que un producto ampliamente distribuido podría ser considerado como riesgoso bajo otros estándares y no tomar acción preventiva, debilita la ética corporativa. En este sentido, el SB 25 se convierte en un instrumento que obliga a las empresas a definirse.

El etiquetado propuesto —“no recomendado para el consumo humano”— visibiliza lo que por años se mantuvo fuera del debate público: la brecha entre lo legal y lo científicamente recomendable. Para muchas empresas, esto será una prueba de coherencia entre lo que dicen y lo que venden.

Desde un enfoque más amplio, esto abre una oportunidad para repensar las políticas alimentarias en Estados Unidos. Más allá de Texas, legisladores de otros estados podrían replicar iniciativas similares, y el país podría ver el inicio de una transformación en sus estándares de seguridad alimentaria, adoptando una visión más precautoria, alineada con las expectativas globales en materia de salud y transparencia.

La posible clasificación de productos populares como M&M’s, Skittles o Doritos como productos no aptos para el consumo humano no es solo un tema de etiquetado: es un debate profundo sobre el rumbo ético y sanitario de la industria alimentaria. En un mundo donde los consumidores tienen cada vez más acceso a la información, ofrecer transparencia y coherencia no es un lujo, sino una obligación.

Para los actores involucrados en responsabilidad social, esta es una oportunidad de alinear el discurso empresarial con acciones tangibles que protejan la salud pública y anticipen riesgos. Si bien el camino legal aún no está definido, el mensaje es claro: el futuro de la alimentación pasa por la honestidad, la prevención y un compromiso real con el bienestar colectivo.

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