En el competitivo mercado de las plataformas para la venta de boletos, Ticketmaster se ha consolidado como el líder indiscutible, acaparando el 63 % de las ventas en los últimos 12 meses. Su modelo de negocio se basa en la generación de ingresos a través de diversas tarifas de servicio, como las tarifas de conveniencia, procesamiento de pedidos y cargos de entrada.
A pesar de su dominio, Ticketmaster enfrenta la competencia de otras plataformas destacadas como EventBrite y StubHub, que completan las primeras tres posiciones en la lista de compañías de boletos en línea. Sin embargo, el creciente control de la empresa sobre el mercado ha llamado la atención de los reguladores antimonopolio en Estados Unidos.
Durante décadas, los reguladores antimonopolio estadounidenses han tenido una actitud permisiva hacia las prácticas comerciales de Live Nation-Ticketmaster, permitiendo que la compañía establezca contratos de exclusividad con artistas y lugares de eventos. Estos contratos impiden que los artistas vendan boletos directamente a sus fans o utilicen otras plataformas de venta de entradas, consolidando así el dominio de Live Nation-Ticketmaster y elevando los precios para los consumidores.
Sin embargo, la administración Biden ha adoptado una postura más agresiva contra estas prácticas. La demanda presentada por el Departamento de Justicia describe a Live Nation como una corporación «opresiva» que utiliza su poder para eliminar rivales y aumentar las barreras de entrada, afectando negativamente a los consumidores, trabajadores y competidores.
El alcance de Live Nation-Ticketmaster no se limita a Estados Unidos. En México, la compra de OCESA Entertainment por parte de Live Nation en 2021, que le otorga control sobre el 64.5 % del mercado de entretenimiento en vivo en el país, ha generado controversias. En diciembre de 2022, Ticketmaster enfrentó un escándalo durante la venta de boletos para un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, donde miles de entradas válidas fueron rechazadas, dejando el estadio medio vacío.
Este no fue un incidente aislado. En 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México encabezó una demanda colectiva contra OCESA y Ticketmaster por la cancelación unilateral de boletos para eventos. La empresa se vio obligada a reembolsar los boletos y pagar indemnizaciones a los consumidores, lo que ha llevado a los legisladores mexicanos a proponer una prohibición de estos contratos excluyentes.
El caso de Live Nation-Ticketmaster es emblemático de un cambio en la política antimonopolio estadounidense, donde se busca desafiar las prácticas coercitivas y anticompetitivas de las corporaciones dominantes. Si el gobierno de Estados Unidos ganó este caso, podría inspirar a otros reguladores internacionales a tomar medidas similares contra los monopolistas en sus mercados.
La demanda no solo afecta a la estructura del mercado de entretenimiento, sino que también toca el acceso al arte y la cultura, elementos esenciales de la experiencia humana. Como lo destacó el fiscal general Merrick Garland al anunciar la demanda, la música y los eventos en vivo tienen el poder de transformar vidas, y no se debe permitir que ninguna corporación monopolista obstaculice ese acceso en su búsqueda de maximizar ganancias.
