El costo económico directo del crimen y la inseguridad en América Latina asciende a 3.44 % del PIB desde el año 2022 y no ha mejorado desde entonces, estimaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este costo incluye el impacto de la pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida, el mayor gasto público en servicios de prevención y control, así como los gastos en seguridad por parte del sector privado en 22 de los 33 países de la región.
Esto representa casi el 80 % del presupuesto público asignado en educación y significa que son recursos que en lugar de invertirse a la innovación o mejora en infraestructura, son absorbidos por las consecuencias del crimen y la violencia, advirtió el Presidente del BID, Ilan Goldfajn.
Al inaugurar el seminario Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas, explicó que también hay costos indirectos de este flagelo, como es la disminución de la inversión, la menor productividad empresarial, el aumento de la migración así como el impacto que se genera en el turismo, un sector clave para las economías de la región.
En la inauguración también participó la primera subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, quien explicó que la creciente inseguridad en la región se ha vuelto un determinante también para la prosperidad y el desarrollo económico. Y tomó el caso de la integración de las mujeres al mercado laboral, pues puede ser un inhibidor de su integración al empleo formal.
“La delincuencia es una barrera fundamental para la prosperidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe y afecta a economías enteras”.
En uno de los análisis divulgados del BID explica que al sumar los gastos de empresas privadas para prevenir los delitos más el gasto público, para responder al crimen y prevenirlo, y el capital humano, por los homicidios, promedió entre 3 y 3.5 % del PIB en 17 países de la región en el año 2014.
En la conferencia del FMI y el BID, Gopinath destacó que la desigualdad prevaleciente en la región es un agravante del costo que se paga por vivir en un clima de inseguridad.
La experta de la Universidad de Harvard, Melissa Dell, presentó los hallazgos de su investigación “Crimen y comercio, efectos en el mercado de trabajo”, donde expuso el caso de México para advertir que la presencia de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, genera importantes costos para las empresas.
Ahí mismo participó la experta de la Universidad de Harvard, Melissa Dell, quien presentó los hallazgos de su investigación “Crimen y comercio, efectos en el mercado de trabajo”, donde habló de varios países, como México, para advertir que la presencia de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, son generadores de importantes costos para las empresas.
El FMI ya había hecho una aproximación al impacto de la inseguridad en México desde mediados de octubre, cuando presentó las conclusiones de la revisión al Artículo IV del país.
De acuerdo con ellos, el crimen, la inseguridad y la corrupción son limitantes clave para las nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento de México.
Detallaron, entonces, que el costo económico y la percepción del crimen están más concentrados en el sur del país y varían sustancialmente entre estados. Además, los delitos pueden entrañar costos directos con pérdidas provocadas por robos y extorsiones, gastos de las empresas en seguridad y también costos indirectos que pueden reflejar la percepción de la delincuencia y las decisiones a partir de este sentimiento.
