El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que durante 2026 auditará a 66.8 millones de contribuyentes, con el objetivo de prevenir la evasión y el abuso de estímulos fiscales, así como garantizar un sistema tributario más equitativo. Del total, 6.3 % corresponden a grandes empresas y corporaciones multinacionales, lo que equivale a 15 mil 873 contribuyentes de alto impacto, mientras que el resto serán pequeños y medianos contribuyentes incluidos dentro del padrón auditable del organismo. De acuerdo con cifras del SAT, al cierre de junio de 2025 el padrón total de contribuyentes activos ascendía a 88.6 millones, de los cuales 2.5 millones son empresas y 84 millones personas físicas, con o sin actividad empresarial. En el ámbito del comercio exterior, el fisco ejercerá vigilancia contable sobre 116 mil 467 causantes, con el fin de asegurar el cumplimiento de regulaciones y evitar operaciones irregulares. Se trata de mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México, explicó en un comunicado. Los criterios a seguir de acuerdo a los criterios de riesgo para realizar las auditorías se enfocarán en ver si el contribuyente celebró operaciones con factureras o nomineras. Que hayan presentado pérdidas fiscales recurrentes, simulado o abusado de deducciones y que hayan obtenido ingresos que no declararon. De igual manera, sobre los que abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, e importan productos con precios por debajo del mercado. Revisará a las que incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias, no pagan retenciones por sus empleados, hacen operaciones con paraísos fiscales y solicitan devoluciones improcedentes, así como los que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. Según el SAT, es con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.


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