Los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial publicaron los listados de los aspirantes a contender por una plaza de ministro, magistrado o juez, que consideraron elegibles al cargo. De 33 mil 220 inscritos inicialmente, quedaron 19 mil 238 aspirantes a participar en la inédita elección que se llevará a cabo en junio de 2025.
De los 18 mil 447 aspirantes que se anotaron en la instancia del Ejecutivo Federal sólo pasaron el primer filtro 11 mil 14, casi el 60 %; y de los 10 mil 959 registrados ante el Poder Legislativo aprobaron los requisitos 7 mil 178.
El comité que hizo la mayor depuración fue el del poder judicial que de 3 mil 814 aspirantes paso a mil 46, es decir, sólo el 27 %. Lo anterior significa que ese órgano será el único al que le falten candidatos para cubrir magistraturas de circuito.
Y es que en las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 se disputarán 881 cargos, entre ellos 464 para magistraturas de circuito, pero el comité del PJF sólo aprobó como elegibles a 398 aspirantes para este último puesto.
Varios de los interesados en ser juzgadores recurrieron a la estrategia de registrarse en dos comités o hasta en los tres con la esperanza de aumentar sus posibilidades de llegar al cargo. Es el caso por ejemplo del exsenador panista Roberto Gil y los magistrados estatales Ángeles Uribe Obregón, José Antonio Cruz Ramos, y Octavio Ávila Martínez.
Una vez emitidas estas listas, los Comités de Evaluación de los tres poderes procederán a entrevistarlos para seleccionar a quienes son idóneos para ministros, magistrados o jueces.
El 31 de enero es la fecha límite para que los comités publiquen el listado de los candidatos elegibles, y el 4 de febrero para que realicen el proceso de insaculación pública, para ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género, y para publicar los resultados de esta selección.
El 6 de febrero, las cámaras del Congreso deberán devolver los listados a los comité, luego de aprobarlos, y el 12 del mismo mes, remitirlos al Senado para que los envíe al Instituto Nacional Electoral.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, dijo que las impugnaciones al proceso deberán enviarse al tribunal electoral, para que este resuelva lo procedente. Entre los casos que podrían presentarse se encuentra el de los aspirantes que consideren fueron excluidos de manera injusta.
En esta etapa resultaron elegibles los que cumplieron con los requisitos de ser licenciados en derecho y presentaron su ensayo, entre otros.
